En el mismo momento en que las entidades se reunían en Buenos Aires, los representantes cordobeses del campo, junto al gobernador, emitían un documento para posicionarse frente al principal reclamo del agro nacional.
Frente a la «tibieza» que muchos productores adjudican a las entidades nacionales para pararse frente al presidente Javier Milei en un tema que día a día va tomando más voltaje, desde Córdoba quisieron dar una señal contundente. Por ese motivo, al mismo tiempo en que se reunían los cuatros presidentes de las principales organizaciones que representan al campo argentino en la sede de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Llaryora y la Mesa de Enlace local tuvieron un encuentro en donde presionaron por retenciones y, a la vez, anunciaron en forma conjunta la eliminación de algunos tributos que graban al sector, como para marcar claramente la diferenciación.
Si bien la gacetilla que dio cuenta de la reunión, de la que también participó el ministro de Bioagroindustria Sergio Busso, afirmaba que «se trató de uno de los encuentros habituales donde se analizó a fondo la crisis que atraviesa el sector a la luz de los bajos precios internacionales de sus productos, la situación cambiaria y las condiciones climáticas adversas que amenaza los rindes de las cosechas», lo cierto es que el anuncio de reducción de impuesto busca confrontar con la propuesta nacional.
En ese sentido, además de pedir por la eliminación de retenciones, se recordó que «el 94% de la carga impositiva de los productores rurales cordobeses son los impuestos nacionales, solo el 2% impuestos municipales y el restante 4% son impuestos provinciales que vuelven en obras para el campo en un 98%«.
Al momento anunciar medidas concretas, desde la Gobernación se enfatizó que estas fueron «acordadas» e incluyen la revisión de tributos que, más allá del efecto concreto que tengan en el bolsillo del productor, buscan marcar la cancha con los libertarios nacionales. Estas son:
1. Diferimiento fiscal:
Se conformará una mesa técnica para analizar «mediante declaración jurada (DDJJ), los casos de productores que acrediten dificultades económicas. Estos podrán diferir el pago del impuesto en su totalidad por 6 meses, con posibilidad de extensión del plazo».
El protagonismo político de la medida la tendrá la Mesa de Enlace provincial, ya que se canalizarán los pedidos a través de ellas y serán aprobados por una comisión (no se especifica su conformación, pero seguramente será conjunta) que funcionará en el Ministerio de Bioagroindustria.
2. Tope en el aumento del impuesto inmobiliario rural:
Teniendo en cuenta «el reconocimiento al particular momento de emergencia que vive el campo en esta coyuntura, el gobernador junto a las entidades rurales, resolvieron como tope máximo el aumento establecido para el impuesto inmobiliario urbano». En ese sentido, los montos «que superen dicho porcentaje serán diferidos por 6 meses con posibilidad de extensión en caso de persistir las condiciones críticas o si no se eliminan o reducen las retenciones».
3. Guías de Hacienda:
También se anunció que se llevará a la «Mesa Provincia-Municipios el reclamo de los productores para eliminar el cobro de las Guías de Hacienda en los municipios donde estén vigentes».
Cabe señalar que en representación de la Mesa de Enlace estuvieron presentes Guillermo Vitelli y Sebastián Laborde (Sociedad Rural Argentina); Patricio Kilmurray y Federico Proietti (CARTEZ); Agustín Pizichini y José Luis Careggio (Federación Agraria Argentina) y Gustavo Gaigh (CONINAGRO).
Con el escenario de una provincia que se inclinó marcadamente por Javier Milei a la hora de votar, desde la Gobernación saben que, por lo menos por ahora, no pueden confrontar directamente. Pero Llaryora aprovecha la disconformidad de un aliando indispensable en el interior provincial para marcar su posicionamiento.
