Según los participantes del encuentro, los cedulones llegan con un ajuste superior al 172,5% estipulado. Piden por «impuestos razonables» y que se vean «obras en los campos».
Un importante número de productores (alrededor de 400 según la organización) realizaron una asamblea ayer en la Sociedad Rural de Río Cuarto, de la que participaron además dirigentes del campo, intendentes de localidades de la región y legisladores provinciales y nacionales.
En la oportunidad los presentes reclamaron por el ajuste del Impuesto Inmobiliario Rural, asegurando que en muchos casos supera el límite que estipuló el Ejecutivo Provincial, que es del 172,5%. Vale mencionar que el mismo día de la convocatoria funcionarios de la Gobernación mantuvieron encuentros con algunos productores en Río Cuarto para explicar la fórmula aplicada en el cálculo del tributo, sosteniendo que no se altera el porcentaje mencionado.
Desde la entidad ruralista habían invitado a participar al gobernador Martín Llaryora, y al ministro de Bioagroindustria, Sergio Busso, quienes no estuvieron. Heraldo Moyetta, presidente de la SRRC, cargó contra los funcionarios, lamentando que «hayan desaprovechado la oportunidad para tener contacto directo con la realidad sobre la que gobiernan”. Asimismo, sobre la cuestión del cálculo del impuesto, con ironía indicó: “Entendemos lo que nos vienen explicando desde el gobierno provincial estos días sobre lo bien calculado que está el impuesto, pero lo cierto es que lo que tenemos que pagar está muy por encima de lo que ellos plantearon que tenemos que pagar”. Además, añadió: “Queremos un impuesto que sea justo, claro y que permita tener previsibilidad en la actividad que desarrollamos”.
Durante la asamblea productores tomaron la palabra, dejando algunas frases significativas, como contar con un «impuesto razonable y que haya transparencia en el retorno de esa recaudación en obras de infraestructura en los campos”. Otra productora afirmó que “somos la caja más fácil pero, y en contrapartida, somos el sur olvidado, no tenemos obras de infraestructura, las escuelas rurales no paran de cerrar, tenemos que poner la plata para el combustible para que se arreglen los caminos y hasta nos vemos imposibilitados de agregar valor a nuestras producciones por las condiciones en las que nos vemos obligados a trabajar”.
Sobre el cierre, se acordó la redacción de un documento que contengan los siguientes ítems:
- Rechazo del aumento del 172,5% en el inmobiliario rural aprobado por la Legislatura provincial y exigir que el mismo no exceda el 118% de inflación anual que marcó el INDEC.
- Que se quite el cobro de la diferencia entre lo que determinó de aumento el gobierno provincial y lo que finalmente terminó aprobando la Legislatura y cuyo pago se exige de manera diferida en 2026.
- Que se explique el motivo por el cual se quitó el beneficio de 10% de descuento por pago de cuota única.
- Que se eficientice el funcionamiento de Rentas, en particular en la manera en que se ofrece la información sobre plazos y maneras de proceder respecto de los pagos.
- Que se transparente el uso que se hace del dinero que se recauda a partir de los impuestos que pagan los productores agropecuarios que debería traducirse en obras de infraestructura.
